???La televisión educativa durante el siglo pasado se comenzó a utilizar como un recurso didáctico a nivel internacional. En el contexto nacional se pensó como una herramienta para fortalecer el tejido social y llevar la educación hasta las zonas más alejadas.

Con ese objetivo, en 1964 la Secretaría de Educación Pública (SEP) creó la Dirección General de Educación Audiovisual y echó a andar un plan piloto para alfabetizar y producir audiovisuales. Se consolidaba así a la televisión como un recurso didáctico para la transmisión de contenidos educativos.

Desde entonces, la televisión educativa mexicana ha permitido llegar a la población sin distinguir clases sociales, geografía o edades. También ha contribuido a establecer condiciones de igualdad en el acceso a la educación pública y atender a las poblaciones que, sin esta opción, les sería imposible educarse formalmente.

En las últimas décadas del siglo XX la televisión educativa se vio afectada por la privatización de los medios públicos, sin embargo, esta herramienta de educación a distancia hizo patente su vigencia hace un par de años, como una opción segura y eficaz ante ciertos escenarios emergentes, como fue la pandemia mundial por la COVI D-19.

En México, la televisión educativa y pública se ha reinventado con nuevas iniciativas que fomentan la participación conjunta de docentes, madres, padres y estudiantes, con una perspectiva crítica y humanista.

La SEP a través de su Dirección General ©prende.mx, ha puesto en marcha proyectos innovadores: en 2022 produjo la primera serie transmedia de corte educativo, orientada a visibilizar y sensibilizar al público sobre la violencia en sus entornos cotidianos, A la par, en 2023 dio inicio al proyecto de Renovación Tecnológica de Teleplanteles, el cual ha permitido reconectar a la Red Edusat todas las telesecundarias y telebachilleratos del país, para beneficio de más de un millón y medio de niñas, niños y adolescentes.

Hoy en día, a seis décadas de su creación, la televisión educativa y pública en nuestro país es, indudablemente, una herramienta imprescindible para garantizar el derecho al acceso a la educación de todas y todos los mexicanos.